Codelco ve cumplir en 2018 norma de fundiciones, pese a que plazos podrían ampliarse
La estatal debería destinar unos US$1.500 millones para adaptar sus fundiciones a la normativa ambiental. Enami, en cambio, aún no inicia las obras.
Unos US$1.500 millones es lo que está invirtiendo Codelco para modernizar sus fundiciones y refinerías, para dar así cumplimiento al plazo impuesto por el decreto N° 28 -emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y que obliga a limitar a 95% la emisión de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), arsénico (As) y mercurio (Hg).
El riesgo, es que parte importante de esa inversión no sirva si es que se decide ampliar los plazos y, eventualmente, elevar el límite al 98%, algo que se está evaluando dentro del Gobierno. De manera oficial, Codelco respondió que el impacto que eso tendría no se ha calculado, por lo que no es posible estimar qué porcentaje del total podría terminar “en la basura” si es que se decide cambiar la norma.
El Decreto N° 28 comienza a regir para las cuatro fundiciones de Codelco en 2018 y ha obligado inversiones por US$1.500 millones para su cumplimiento. Su implementación ha generado problemas al interior de la estatal ya que consideran que no está acorde a los nuevos estándares ambientales a nivel internacional y temen que este solo sea la antesala a una norma más estricta.
Si bien en Caletones se podrá utilizar parte de la nueva infraestructura, al igual que en Chuquicamata, esto no será posible en Potrerillos o en Ventanas, donde la inversión que se destinará para este salto tecnológico no puede “reciclarse”.
Dicha problemática se suma a que en el caso de que la estatal no llegue a tiempo con sus fundiciones adecuadas, estas deberán ser paralizadas, generando un impacto de proporciones en su producción de concentrado.
Este martes, Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, revivió el debate al indicar que “con los precios actuales, con las normativas que nos obliga a invertir solo para cumplir regulaciones, estamos en una crisis profunda”.
Y añadió: “Me refiero a lo que significa dar cumplimiento al decreto supremo 28 y probablemente en algunos años más a un nuevo decreto en el mismo sentido. Yo no estoy en contra de eso, estoy muy contento que esas cosas sucedan pero hay que internalizar que eso significa inversiones y no necesariamente productividad; y por lo tanto la forma de absorber esos mayores costos de financiamiento es siendo más afectivo y la forma de ser más efectivo es asegurando continuidad de marcha y control de los procesos”.
La Comisión Fure. En este sentido, una de las grandes interrogantes es el acuerdo que tomará la instancia creada por la presidenta Bachelet para analizar una estrategia nacional en torno al desarrollo de las fundiciones en Chile.
Según fuentes al interior de la instancia, la comisión ha debido retrasar su dictamen debido a la polarización de las posiciones: por un lado hay expertos que proponen retrasar o derogar la norma y por otro aquellos que quieren mantenerla. Dentro de los primeros se encontrarían expertos en el sector minero y Corfo y en el segundo el Ministerio de Medio Ambiente.
Dicho desencuentro ha generado un atraso de más de cuatro meses en la entrega del primer informe con las conclusiones, y a la fecha aún no hay claridad de cuándo se podría revelar.
Este tema ha sido levantado fundamentalmente por los senadores, que temen que la minería chilena se quede desde ya atrasada respecto a competidores como China, que son más eficientes y menos contaminantes.
