DGA: patentes impagas por derechos de agua sin utilizar ya acumulan casi US$150 millones
Una elevada especulación en la industria, además de una baja capacidad de fiscalización de DGA y Tesorería, explican el descalce que se arrastra desde 2007.
US$150 millones, cifra equivalente a prácticamente a la totalidad del programa especial para paliar la sequía lanzado el año pasado, suman desde 2007 las patentes no pagadas por concepto de no utilización de los derechos de agua otorgados por la autoridad.
Esto, según consta en los documentos de la Dirección General de Aguas, que acusan un creciente avance de la tasa de incobrabilidad de las patentes, rol que recae en la Tesorería General de la República. Así, mientras en 2011 se llegó a un cumplimiento del 83% en las obligaciones, En 2015 bajó a 68% y en 2016, al 50%.
Sólo por el último ejercicio, el total de impagos suma unos US$35 millones, de un total de US$70 millones que fueron considerados en el proceso iniciado por la DGA.
Año a año, la autoridad encargada de velar por la correcta aplicación del Código de Aguas (DGA) elabora un listado con las patentes a cobrar a las empresas que, teniendo en su poder derechos de agua, no utilizan el recurso.
La magnitud de la patente está directamente relacionada con el caudal solicitado -y no aprovechado- y es creciente en el tiempo. En caso de que no se paguen las patentes en cuestión, la autoridad está facultada para iniciar remates, lo que deriva en la pérdida de los otorgamientos hechos por el Estado.
Según la DGA, en promedio hoy se paga el 50% de los recursos solicitados. “El año con mayor rendimiento de pago, es decir, cuando más dinero ingresó a las arcas fiscales por pago de patentes, es 2013 con 741.956 UTM (unos US$51 millones al tipo de cambio actual).
Se acentúa el descalce. Desde 2012 las cifras escalaron y acentuaron el descalce. Según el ex director General de Aguas y actual socio de Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, desde 2011 los montos se disparan no sólo por un tema de gestión sino que porque el cobro de patentes salta, lo que a su vez tiene que ver con el carácter progresivo de la multa.
“Los montos tienen que ver con la progresión de la ley. Así, el rescate baja porque es un porcentaje mucho menor del total. No es que haya aumentado la morosidad porque haya menos gente pagando, sino que las patentes son más grandes y los que no pagan son los mismos”, asegura.
“Efectivamente existe una enorme deuda acumulada de miles de dueños de derechos de aprovechamiento de aguas que no ha pagado su patente”, afirma el socio de Carcelén & Cia. y también ex titular de la DGA, Matías Desmadryl.
¿Por qué no se logra recaudar más? Según abogados, una opción es que Tesorería no ha tenido el suficiente personal para poder acelerar los remates, pues el procedimiento es engorroso y requiere bastante tiempo y recursos. “Eso es nefasto como señal para los especuladores”, indica Weisner.
Otro punto es la existencia de un subterfugio que utilizan algunos titulares mediante una maniobra en la que utilizan al Conservador de Bienes Raíces, pues piden el derecho pero nunca lo inscriben. El tercero, la venta de derechos de agua antes del remate, lo que deja atado de manos al Estado.
Respecto al último proceso completo, 2016 -considerando también a quienes sí cumplen con esta obligación-, las empresas que deben pagar las mayores cifras son las generadoras eléctricas, que son las que ostentan los mayores derechos de agua. De hecho, si se considera a las tres eléctricas de mayor tamaño en el Sistema Interconectado Central (Endesa Colbún y AES Gener), éstas deben pagar el 40% del total, equivalente a casi US$30 millones. Lo anterior considerando también a HidroAysén, que fue objeto de un cobro superior a los US$7 millones este año.
