OCDE recomienda a Chile penar con cárcel los delitos ambientales de carácter grave
Organismo multilateral al que el país está adscrito, sostiene también que la Superintendencia del Medio Ambiente dispone de una serie de herramientas legales, pero su capacidad de acción es muy limitada.
Avances importantes en materia ambiental, pero también desafíos pendientes.
Ese es el diagnóstico de lo que ha hecho Chile en materia ambiental que plantea el informe “Evaluaciones del Desempeño Ambiental de Chile 2016” elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que fue dado a conocer durante esta semana.
El documento, de 275 páginas, entra de lleno al debate sobre si corresponde o no penalizar delitos ambientales en nuestro país y pide además efectuar una categorización de las distintas infracciones.
Para la OCDE, la legislación penal chilena no establece disposiciones específicas para las infracciones ambientales, situación que ha sido objeto de debate durante los últimos diez años. “Chile debería materializar su intención de imponer una responsabilidad penal a varias categorías de delitos ambientales graves y establecer diferencias claras entre las infracciones sujetas a sanciones administrativas y aquellas punibles mediante sanciones penales”, señala el documento.
Si bien la OCDE reconoce grandes avances en materia de promoción de prácticas favorables al medio ambiente, también advierte tareas pendientes.
“La mayor participación del sector empresarial podría contribuir a fomentar aun más estas iniciativas”, añade el organismo multinacional al que está adscrito Chile, que sostiene que “la Superintendencia del Medio Ambiente dispone de una amplia gama de mecanismos administrativos de fiscalización, pero su capacidad de acción es muy limitada”.
Decisión del Gobierno. Precisamente, hoy en el Congreso hay dos mociones que buscan avanzar en la tipificación del delito penal ambiental. Ahora, el Gobierno deberá tomar una decisión sobre esta materia.
Tras recibir el informe debe decidir si patrocina una de las dos iniciativas parlamentarias, aunque también está la posibilidad de que fusione ambos proyectos. Una tercera opción es enviar un mensaje por parte del Ejecutivo, sostuvo recientemente el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier.
La recomendación que hace la OCDE “es una tendencia a nivel mundial, pero más temprano que tarde vendrá una penalización de delitos ambientales, pero yo no soy partidario”, aclaró el socio del Estudio Vergara Galindo Correa Abogados, Mario Galindo.
Paulina Villegas, socia del estudio Eelaw, se mostró partidaria de avanzar en un sistema de responsabilidad penal. Sin embargo, cree que esta debe ser la última opción.
“La responsabilidad penal ambiental no es la solución para la gestión de un sistema racional. Es simplemente una herramienta para poder castigar y establecer patrones de conducta”, sostuvo la abogada.
Rodrigo Benítez, ex subsecretario del ministerio de Medio Ambiente también cree que hoy no es el momento más “apropiado”.
“Si vamos a pasar a una segunda etapa de sanciones penales, me parece que es importante evaluar cómo ha sido la implementación de la Superintendencia de Medio Ambiente y cómo poco a poco los proyectos se han ido ajustando a la nueva normativa. Avanzar en paralelo, puede ser un esfuerzo infructuoso”, sostuvo el abogado a cargo hoy del área ambiental del estudio Jara Del Favero.
Para el ex director del Servicio de Evaluación Ambiental, Ricardo Irarrázabal, de acogerse la propuesta de la OCDE significaría un reestudio de las infracciones ambientales.
En tanto el abogado y antropólogo Alonso Barros explicó que “el sistema ambiental está pidiendo a gritos una penalización e incluso la comisión de reforma al SEIA lo establece en una de sus recomendaciones”.
Mientras que Patricio Segura, presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén sostuvo que el país no ha podido avanzar en penalizar delitos ambientales graves debido a “una lógica extractivista, del modelo económico de desarrollo chileno”.
