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Leonidas Vial y Julio Ponce vuelven a tribunales por caso Cascada e insisten en su inocencia

Leonidas Vial y Julio Ponce vuelven a tribunales por caso Cascada e insisten en su inocencia

 

Sancionados por el presunto fraude, los empresarios concurrieron a tribunales para contestar un amplio cuestionario, en el marco de la demanda presentada por Cuprum. AFP exige una cuantiosa compensación por el daño sufrido por los fondos de pensiones.

 

Lejos de acabar, el caso Cascada sigue dando que hablar en tribunales. El miércoles, en una extensa jornada, un grupo de empresarios y ejecutivos comparecieron ante el 19° Juzgado Civil de Santiago, en el marco de una demanda presentada por AFP Cuprum por los millonarios perjuicios que habrían sufrido sus fondos de pensiones por las cuestionadas operaciones.

A la citación concurrieron Leonidas Vial, otrora director de la corredora LarrainVial, Julio Ponce Lerou, controlador indirecto de SQM, su brazo derecho y amigo personal, Roberto Guzmán Lyon y Alberto Le Blanc, entre otros.

Uno a uno, los demandados pasaron a una sala acompañados por sus abogados, y respondieron cada una de las interrogantes de la demandante. El primero en prestar testimonio fue Leonidas Vial.

“Soy un inversionista calificado. Soy una persona que tengo un patrimonio que califica como inversionista calificado. Mis atributos personales son de ser inversionista desde los últimos 40 años”, dijo al inicio de su intervención, a cuyo contenido tuvo acceso PULSO.

“No, no existe conflicto de interés. Yo soy un accionista solamente de LarrainVial S.A., no soy controlador de ésta”, respondió el empresario al ser consultado si en su condición de inversionista calificado y como controlador de LarrainVial S.A. Corredora de Bolsa, le representó algún conflicto de interés en las operaciones cuestionadas por la Resolución N°233 de la SVS.

En septiembre de 2014, la autoridad aplicó multas por un total de US$164 millones a personas relacionadas a las sociedades cascada, controladoras de SQM: Norte Grande S.A., Oro Blanco S.A., Pampa Calichera S.A., Nitratos S.A. y Potasios S.A, además de Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa y a ejecutivos y personas relacionadas.

Esto porque -a juicio del regulador- tras analizar más de un millón de operaciones financieras generadas entre los años 2008 y 2011, los sancionados formaron parte de un “esquema” en el que se constató que tenían un patrón común para beneficiar a Julio Ponce Lerou.

En el cuestionario a Leonidas Vial también se le preguntó por cómo se enteró que él y/o sus empresas relacionadas participaron en el remate de acciones hecho por una de las sociedades matrices de SQM y que resultó cuestionada por la SVS.

“Normalmente me informo por los medios escritos o computacionales que existen en el mercado para todo inversionista. No recuerdo específicamente ese remate del año 2009”, afirmó Vial.

En la misma tónica, Julio Ponce Lerou reiteró su inocencia de las imputaciones de la SVS.

“No he participado en ningún esquema ni en ninguna operación ilegal”, respondió Ponce. Sin embargo, confirmó que haber sido sancionado y multado por la SVS por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas.

Por su parte, su amigo, Roberto Guzmán Lyon se limitó a señalar que la multa que se le aplicara por la SVS se encuentra en proceso de apelación. Proceso que incluso llegó hasta el Tribunal Constitucional.

“La SVS me multó por 46 operaciones que se ejecutaron entre junio y noviembre de 2011, exclusivamente en el papel Calichera A. Estas operaciones fueron intermediadas por dos Corredores de Bolsa, Celfin y Nevasa, que no recibieron sanción ni reproche alguno”, respondió a su turno Alberto Le Blanc, otro de los sancionados por el regulador del mercado.

Valor. Eduardo Rodríguez del Río, quien es socio de Rodríguez Rosende y Cía. Abogados -estudio que representa a AFP Cuprum-, destacó que las declaraciones de los demandados confirman la participación que tuvieron en los hechos investigados y sancionados por la SVS. El abogado sostuvo que los perjuicios que experimentaran los fondos de pensiones a causa de las cuestionadas operaciones constan de tasaciones efectuadas por los peritajes de Tomás Flores y Luis Riveros.

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