Consejo Minero y Generadores advierten que reforma al Código de Aguas obstaculiza proyectos
Cuestionan el alto costo que podría generarle al Estado, ya que durante la tramitación legislativa se han ido incorporando responsabilidades para el Fisco que no estaban originalmente contempladas.
Nuevamente se encendió el debate en torno a las modificaciones al Código de Aguas. Esto, tras la discusión que se generó la semana pasada en la última sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en que se discutió el proyecto que actualmente se tramita en esa sede legislativa. Este ya fue tratado por las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura, faltando que Hacienda revise el impacto de la iniciativa en el gasto fiscal.
Entre los asistentes el martes pasado figuraron el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino; el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, Claudio Seebach, y la directora del programa Chile Sustentable, Sara Larraín, quienes vieron enfrentadas sus posiciones en esa jornada.
Seebach, el líder del gremio que reúne a las grandes empresas del sector eléctrico, sostuvo que la reforma contiene modificaciones que podrían afectar el desarrollo de la hidroelectricidad, cuestionando la revisión retroactiva de todos los caudales ecológicos que plantea el proyecto. “Hoy, en Chile, cerca de un tercio de toda la energía que se genera es por hidroelectricidad”, comentó. Y añadió que la nueva normativa potencialmente podría, en algunos casos, reducir la capacidad generada. Sin embargo, explicó que hay centrales a las que si se les aplica un nuevo caudal ecológico, incluso pueden caer en desuso, por razones técnicas. “La reforma en su estado actual de tramitación genera incertidumbre e impactos relevantes en la operación actual del sistema, por tanto, impactos económicos en cómo opera actualmente, y sobre todo en el desarrollo de nuevos proyectos”, afirmó.
Villarino también expresó su discrepancia con el proyecto, cuestionando el articulado que establece que “el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano fundamental irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado”. Además, alertó sobre el gasto fiscal que esta figura implicaría.
El líder del Consejo Minero expresó que como gremio, en la instancia plantearon que la iniciativa tendría mayor impacto fiscal que aquellos efectos considerados en los informes de la Dirección de Presupuestos, “porque durante la tramitación legislativa se han ido incorporando responsabilidades para el Estado, que no estaban originalmente contempladas”. A modo explicativo, manifestó que estas responsabilidades adicionales están referidas, por ejemplo, a la provisión de agua potable, protección de comunidades indígenas, y autorizaciones sobre el uso de las aguas del minero.
“Además, dado que el proyecto no deja claro cuáles de las nuevas regulaciones se aplicarán a los derechos de aprovechamiento otorgados antes del cambio de ley, es posible que la carga de trabajo para los organismos públicos, y la consecuente necesidad de recursos fiscales, sea aún mayor”, advirtió. El ejecutivo añadió que “también afecta a todos los titulares de derechos de agua no saber qué limitaciones enfrentarán en el ejercicio de esos derechos”.
Visiones contrapuestas
Estos argumentos se enfrentaron con los de Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, quien aseguró que, a su juicio, las distintas preocupaciones señaladas por los representantes del sector minero y eléctrico no se condicen con el estándar de la OCDE en esta materia. Sobre esta base, Larraín afirmó: “Las recomendaciones de la OCDE apuntan a revertir el sobreotorgamiento de las aguas, a establecer caudales ecológicos en todas las cuencas y, más aún, llama a priorizar la protección del medio ambiente y los usos de subsistencia”.
