Gobierno revisa gastos y se da plazo hasta 2016 para resolver cambios a la reforma tributaria
“No puedo esquivar este bulto”, fue la frase con la que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, graficó este lunes 6 de julio la necesidad de introducir cambios a la reforma tributaria ante los integrantes de las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nueva Mayoría.
(El Mercurio) “No puedo esquivar este bulto”, fue la frase con la que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, graficó este lunes 6 de julio la necesidad de introducir cambios a la reforma tributaria ante los integrantes de las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nueva Mayoría.
De acuerdo con fuentes parlamentarias que tuvieron acceso al contenido de esa reunión -en la que participaron los diputados Pablo Lorenzini (DC), Pepe Auth (PPD), Manuel Monsalve (PS), Enrique Jaramillo (PPD), Ricardo Rincón (DC) y Sergio Aguiló (independiente), además de los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y Andrés Zaldívar (DC)- fue esa la instancia que utilizó el jefe de las finanzas públicas para rayar la cancha dejando en claro dos cosas. Uno, que tenía la “obligación” de simplificar el esquema tributario aprobado por el Congreso a fines del año pasado, y, dos, que la desaceleración económica del país se había profundizado y que a la luz de los datos que esa tarde entregaría ante la Comisión Mixta de Presupuestos, era necesario abordar con realismo las promesas del programa de gobierno. Esto implicaba desde “priorizar” reformas hasta recortes de gastos.
Un cambio de rumbo que empezó a madurar de la mano de cifras económicas poco alentadoras: a nivel local, el aumento del desempleo de 6,1% a 6,6%, la caída del pronóstico de crecimiento para este año de 3,6% a 2,5% y una reducción en los ingresos tributarios de este año en casi US$ 700 millones. A esto se sumó, en el ámbito externo, las amenazas que representan Grecia y China. Este último, el principal destino de las exportaciones chilenas.
Las señales que se dieron en Perú
Las primeras luces de este nuevo enfoque se dieron en Paracas, Perú, en la X Cumbre de los países de la Alianza del Pacífico, instancia donde la Presidenta Michele Bachelet, por primera vez, ante un nutrido grupo de empresarios -desde el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, hasta el dueño de Cencosud, Horst Paulmann- abrió por primera vez las puertas a dos anuncios relevantes para impulsar la inversión del sector privado. Uno, la posibilidad de avanzar en la interconexión eléctrica entre Chile y Perú. Dos, introducir cambios legales a la reforma tributaria.
Las reuniones para dar a conocer la nueva realidad
Apenas asumió como jefe de las finanzas públicas, Valdés ya había buscado transmitir este mensaje en programas radiales y televisivos, seminarios empresariales y más de quince reuniones con parlamentarios oficialistas, sin contar sus tradicionales almuerzos con las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y el Senado. Sin embargo, tras el comité político del lunes, Valdés intensificó sus reuniones por este tema: solo esta semana se reunió con la bancada de diputados DC y la directiva de Partido Radical (PR).
La próxima semana la cruzada de “sensibilización”, como algunos la han denominado, continuará. Mañana, junto al ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre, concurrirá a la comisión política del PPD y el martes se reunirá con la bancada PS.
La segunda línea de trabajo definida fue estudiar cambios legales concretos a la reforma tributaria sin que ello implique bajar las tasas, pero lograr simplificar los nuevos sistemas y de esa forma despejar incertidumbres para impulsar la inversión, que solo el primer trimestre de este año cayó a nivel privado más de 5%.
El marco para modificar la reforma tributaria: las tasas no se mueven
El esquema impositivo aprobado el año pasado creó dos sistemas para el pago de primera categoría: la renta atribuida con una tasa que llegará a 25% en 2018 y el semiintegrado, con una tasa de 27%. Es este el esquema que Valdés quiere simplificar, para lo cual tendría “manga ancha”, con una salvedad: las tasas y la recaudación (3 puntos del PIB) deben mantenerse.
Quienes participaron en el almuerzo el lunes 6 comentaron que Valdés recordó que él nunca estuvo de acuerdo con tener dos sistemas para pagar el impuesto corporativo y que él, en privado, lo había hecho saber en 2014 a las autoridades.
Algunos parlamentarios concluyeron a partir de esta información, con molestia y preocupación, que vendría una reforma a la reforma tributaria, en que se bajaría el impuesto a las empresas. Sin embargo, durante el resto de la semana, Valdés aclaró que este no era el objetivo.
“El tema acá es simplificar y dar certeza a las empresas para de esa forma impulsar la inversión”, aclara el senador DC Andrés Zaldívar, quien califica como “lógico y razonable” esta decisión tomada por el Ejecutivo.
Por su parte, el senador PPD Ricardo Lagos Weber también apoya esta línea de acción, siempre que esto no implique rebajar las tasas de impuestos a pagar.
El deadline para los cambios legales: inicios de 2016
“Apuros no existen”, señalan distintas fuentes cercanas a Hacienda, a la hora de definir el timing con el que se avanzará en los ajustes legales a la reforma tributaria.
Y es que recién en el último trimestre de 2016 las empresas deben informar respecto del sistema a elegir (renta atribuida y sistema semiintegrado), por lo que según el diseño del Gobierno, a inicios de 2016 es la fecha tope para determinar qué modificaciones se pueden resolver por la vía administrativa y cuáles por la legal.
Este diagnóstico lo comparten en el sector privado. Es por eso que el próximo martes el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) hará un primer barrido del trabajo encargado a sus seis ramas para detectar los problemas concretos en la implementación del nuevo esquema impositivo.
Este timing permite tanto al Gobierno como al mundo empresarial centrarse en los próximos dos meses en la discusión de la reforma laboral. En el intertanto, los equipos internos de Hacienda y los principales gremios, como la CPC y la Sofofa, continúan revisando los ajustes específicos que requiere la reforma tributaria para que apenas finalizado el debate laboral entrar de lleno al tema impositivo.
Los intentos por arribar al cónclave con un diagnóstico económico y fiscal común
“El gasto tiene que aumentar a tasas muchos más moderadas de lo que lo ha hecho hasta ahora y habrá que concentrar los esfuerzos en aquellas cosas que son más importantes dentro de ese gasto”.
Con estas palabras y cifras en mano que avalaban una postura más restrictiva frente a la billetera fiscal, el ministro Valdés dejó en claro el lunes ante la comisión mixta de Presupuestos la necesidad de definir un nuevo marco en materia de gasto público y sumar un concepto al debate en esta materia: la priorización de proyectos.
A inicios de semana, distintas fuentes de gobierno precisaron que ese enfoque no implicaba abdicar de las reformas relevantes para el Ejecutivo, pero que el nuevo escenario implicaría aumentar la gradualidad de algunos anuncios o posponer algunas discusiones.
El viernes todo se despejó. Tras el consejo de gabinete en el estadio San Jorge del Banco Estado, en Las Condes, la Presidenta Bachelet dejó en claro que no se podría cumplir su programa de gobierno en plenitud, ya que el escenario fiscal había cambiado. “Sabemos que no vamos a contar con todos los recursos previstos (….) tendremos que jerarquizar y darles más gradualidad a los compromisos (…) Esto es realismo sin renuncia”, dijo la mandataria.
Parte del plan de hospitales se postergaría
La Moneda aún no tiene resuelto cuál será la implementación práctica de este anuncio, pues tras la reunión del viernes la etapa que viene es socializar la idea acuñada por Bachelet con los partidos e instarlos a tomar definiciones. Todo esto con miras a que en el cónclave de la Presidenta con los partidos políticos, programado para fines de este mes, ocurra lo que muchos han calificado como “decisiones dolorosas”, dado que implicará cambios en la hoja de ruta definida a inicios de este gobierno.
Uno de los temas sensibles -más aún porque el próximo año hay elecciones municipales- es que se encuentra en revisión la construcción de 60 nuevos hospitales, aspecto que formó parte del programa del actual Gobierno y respecto del cual hay un cronograma: dejar 20 hospitales construidos, 20 en ejecución y 20 en licitación a fines de esta administración. Si bien la Presidenta Bachelet reiteró el viernes que seguirá adelante con los 20 primeros hospitales, la meta total hoy se ve difícil cumplir. Implica desembolsos por más de US$ 4 mil millones en total y por eso algunas opciones que se estudian es postergar este calendario o concesionar la construcción de estos recintos, explican.
El diputado Lorenzini descarta de plano abdicar en este proyecto, pero sí considera necesario evaluar una postergación en la implementación de este programa, así como también la idea de concesionar estos hospitales, a la luz del nuevo escenario fiscal.
Aumento de la Pensión Básica Solidaria en riesgo
Otro compromiso que está bajo la lupa de Hacienda son los cambios al sistema de pensiones, tema que está siendo analizado por la Comisión Bravo y cuyo informe final será entregado en agosto. Una de las modificaciones que implica gasto fiscal es el mejoramiento del pilar solidario. El foco del grupo de expertos ha estado puesto en analizar cómo podría incrementarse la Pensión Básica Solidaria (PBS), hoy cercana a los $82 mil mensuales, para al 60% más pobre.
En el Gobierno hacen el siguiente análisis: subir la PBS tiene un alto costo fiscal, para un aumento individual en cada pensión muy bajo. Sin embargo, dentro del oficialismo hay sectores que abogan por elevar la PBS aunque sea de forma gradual, para no abdicar de un compromiso de gobierno.
Esta última visión refleja una de las pugnas que se generarán en las próximas semanas, previo al cónclave de los partidos de la Nueva Mayoría con la Presidenta Bachelet. Sin embargo, fuentes cercanas a Hacienda precisan que tanto la mandataria como Valdés estaban conscientes de que se generarían esas diferencias y que por eso la instrucción dada por Bachelet al titular de Hacienda fue concentrarse en sensibilizar a la Nueva Mayoría respecto del nuevo escenario económico, con miras al debate del Presupuesto 2016.
