Minería en Colombia: los peros del desarrollo sostenible
Más del 50% de los títulos del país los administran corporaciones que dicen no tener capacidad institucional para atender las demandas de la industria.
Entre tanto, el Ministerio de Minas reglamentará la clasificación de la extracción por tamaño para aumentar la formalización de los pequeños mineros.
Los casi seis mil títulos mineros, un poco más del 50% de los que tenía Colombia a julio, según la Agencia Nacional de Minería (ANM), son hoy administrados por cinco corporaciones regionales. Esto quiere decir que más de la mitad de las operaciones de extracción de carbón, oro, cobre y esmeraldas depende del funcionamiento y la eficiencia de las autoridades ambientales regionales.
Uno de los debates en ese contexto radica en la necesidad que tiene la industria, por un lado, de solicitar celeridad en los licenciamientos ambientales, y por el otro, de las corporaciones, que aseguran no contar con los recursos ni la capacidad institucional para atenderlos. La gran pregunta que surge, entonces, es de qué manera ambos actores pueden trabajar de manera más conjunta para que Colombia se pueda beneficiar de esta actividad.
“Lo que nosotros queremos es que las empresas entiendan que cuando una corporación da un permiso no es que se haga solamente por un trámite, por cumplir el requisito, sino que la corporación, a través de ese contrato, está haciendo la administración de los recursos naturales y está garantizando que esos servicios ambientales sirvan para la gente y para atender los servicios que requieren los sectores productivos para desarrollarse”, asegura el director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars), Ramón Leal.
Según las autoridades regionales, los presupuestos con los que cuentan para desarrollar su labor son demasiado limitados y las extensiones de territorio que tienen a cargo son muy amplias para poder atender la demanda de solicitudes y trámites que cada sector productivo radica ante las entidades.
“No tenemos el personal suficiente para poder atender todos los requerimientos, necesitamos mayor capacidad institucional, pero lamentablemente, dentro del contexto del Estado se llama funcionamiento y no permite que se fortalezcan. Estamos trabajando con el Gobierno porque necesitamos gente preparada, pero las corporaciones no pueden aumentar su planta y el personal capacitado que tiene se lo lleva el sector privado”, explica Leal.
En este mismo sentido, la directora de Corponariño, Yolanda Benavides, dice que “si no tenemos gente que garantice cobertura es difícil trabajar. Entonces, tenemos una dificultad de recursos de funcionamiento versus áreas de jurisdicción y multiplicidad de funciones”. La industria minera ve con preocupación que estas entidades tengan estos problemas, pues el desarrollo de los proyectos también se hace más lento y en algunos casos las empresas desisten de proyectos. Este fue el caso de Solvista Gold Corporation y Iam Gold, la canadiense desistió de su alianza con la primera al no obtener los permisos para la operación en una mina en Caramanta, Antioquia, de acuerdo con un comunicado de prensa.
Para la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la falta de experiencia de los funcionarios de las corporaciones y la de disponibilidad de sistemas de información son dos de los grandes cuellos de botella que enfrentan los mineros.
“Vemos que muchos jóvenes que acaban de salir de la universidad terminan encargados del licenciamiento minero en este país. No hay el conocimiento y piden información que es imposible conocer sin perforar el área. Estamos llegando como “el perro que se persigue la cola”, a buscar datos que son difíciles de obtener”, puntualizó el presidente de la ACM, Santiago Ángel.
Asimismo, el líder del gremio consideró la necesidad de realizar un sistema de información pública que sea nutrido por las entidades públicas y por el sector privado. “Si avanzáramos en tener sistemas de información completa, alimentada por bases públicas y privadas, y las empresas tuvieran que estudiar lo que no se ha estudiado, y no diez veces lo mismo, los procesos de licenciamiento serían más rápidos”. Según Ángel, en algunas ocasiones a las empresas se les exige hacer estudios, incluso, en zonas aledañas a las que se está llevando a cabo un proceso de explotación.
Y es que precisamente la falta de la identificación de las zonas donde se puede o no hacer minería es uno de los problemas que enfrenta el sector, enfatizó la asesora experta de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento para Temas Ambientales de la ANM, Doris Tautiva. Para la funcionaria, es necesario revisar la disparidad de los instrumentos de planeación territorial. “Entendemos la transversalidad de los temas ambientales, pero hay que ponerse de acuerdo en dónde se puede desarrollar la minería”.
