Gobierno afina fórmula para evaluación especial de proyectos de alto impacto
La idea no es tener un fast track, sino que reducir la suspensión, demoras o rechazos de proyectos, así como disminuir la conflictividad social.
No repetir casos como HidroAysén o Barrancones. Esa es una de las máximas con las que el Ejecutivo trabaja en reformular el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y, para ello, prepara una fórmula de tramitación especial para los denominados “proyectos emblemáticos” y, así, reducir la probabilidad que iniciativas visadas por la administración sean irrealizables en la práctica, o hacer menos tortuoso el largo camino que hoy recorren estos proyectos para ser aprobados.
Es por eso que el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, presentó ante la comisión presidencial que analiza cambios para el SEIA los principales puntos de esta reforma.
En ella, comentan quienes asistieron a la cita, existió un reconocimiento por parte del gobierno que no todos los proyectos de inversión son iguales y, por ello, debe existir un tratamiento diferenciado.
“Los instrumentos de evaluación ambiental no son suficientes para analizar ciertos proyectos. Hay consenso de que existen cierto tipo de iniciativas que por su tamaño, ubicación o tipología, requerirían una fórmula de evaluación distinta a la existente hoy día”, dice un integrante del grupo de expertos.
La primera dificultad es cómo delimitar la categoría de “emblemáticos”. El esbozo del Ejecutivo plantea que los criterios son tres: que generen impactos significativos, que pertenezcan a sectores estratégicos para el país -como minería y energía- y que por la sola magnitud de la iniciativa provoquen una gran intervención en el territorio.
“Esas son las primeras definiciones, obviamente que cuando se trabaje más en la fórmula se deberán establecer metodologías a través de guías o reglamentos que permitan identificar claramente qué proyectos son los que entran. Pese a ser algo preliminar, creo que es un avance relevante entender que hay proyectos que requieren un tratamiento especial”, dice otro comisionado.
La misma fuente aclara que un procedimiento especial no puede entenderse como un “fast track”, ya que el objetivo no es sólo acelerar el proceso, sino que mejorarlo. En la presentación de Medio Ambiente indican que el objetivo es reducir la suspensión, demoras o rechazos de proyectos, pero también disminuir la conflictividad social y las incertidumbres para todos los actores.
La fórmula en elaboración apunta también a reducir el gasto público y privado. Los primeros, al analizar proyectos que fueron trabajados en detalle en una etapa previa al ingreso formal al sistema y, los segundos, disminuyendo el riesgo de “botar plata” en extensas consultorías que se transforman sólo en gasto si la iniciativa no prospera.
Asimismo, Badenier destacó en su presentación que la implementación de este procedimiento especial ayudará a no retrasar la inversión productiva en el país.
La fórmula
Para el gobierno, según la presentación de Medio Ambiente, el nuevo procedimiento se entiende como un proceso continuo de evaluación, que genera retroalimentación de las partes y en el que el Estado tendrá una vinculación temprana. Esto último, dicen conocedores de la propuesta, se practicaría con fuerza en una participación ciudadana temprana.
Para conseguirlo se instalaría una pre evaluación reglada que revise, entre otros aspectos, el emplazamiento propuesto para el proyecto, su contexto territorial, adaptación de la iniciativa a las necesidades o intereses locales o principales impactos asociados.
Esta etapa contemplará la identificación de aspectos ambientales relevantes a ser evaluados y excluir aquellos que no son significativos, así como establecer la profundidad de estudios ambientales y sociales que serán necesarios.
Tras eso, los organismos estatales podrían entregar -aunque está en análisis- una pre aprobación que habilite al titular a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, iniciado el proceso común.
