Proyecto de licitación eléctrica podría encarecer valor de la energía
Analistas critican nueva fórmula para participar en las licitaciones.
La baja en los valores que se cobran por la electricidad podría no llegar a buen puerto, según analistas que estudian el último proyecto de ley sobre licitaciones eléctricas, que el gobierno ingresó al Congreso en agosto.
La iniciativa, que busca modificar las licitaciones de clientes regulados (consumo residencial y pequeñas y medianas empresas) para bajar en 25% el costo de la energía, incluye una eventual “barrera de entrada” al ingreso de nuevos actores en generación, dicen analistas.
Ello, debido al cambio en la fórmula para fijar los precios a los que se accede en la licitación por parte de las generadoras. Específicamente, dicen los consultados, en relación a las licitaciones de suministro sin contrato.
En este tema, el gobierno busca evitar traspasos de costos a clientes y que ocurran hechos similares al acaecido con la central Campanario, que en 2011 no cumplió con los contratos de suministro que se adjudicó en la licitación. El problema, dicen analistas, es que el Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley, entre otras disposiciones, la posibilidad de ocultar el precio de venta de las licitaciones en las que participan las generadoras para hacer más competitivas sus ofertas de precios. Sin embargo, aquello podría transformarse en un desincentivo para participar de dichos procesos.
A juicio de Susana Jiménez, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), si el precio oculto definido por la autoridad es muy bajo, las generadoras podrían verse “obligadas” a satisfacer esos requerimientos “a cambio de un precio que puede resultar insuficiente para pagar la inversión realizada, lo que a la larga podría traducirse en un desincentivo a la entrada de nuevos actores en generación y aumento en las tarifas”.
La última licitación eléctrica hecha por el gobierno fue la de agosto pasado, donde sólo participó Endesa, y se logró bajar los precios a US$ 112 MW/h, el menor registrado en los últimos procesos de este tipo desde 2010, año en que, en promedio, anotaron US$ 97,5 MW/h.
Las críticas
“Las generadoras no van a poder contratar su capacidad total de generación, porque van a tener este resguardo”, dice Jiménez. Y es que, según agrega, se les “‘enchufarán’ estos compromisos de energía a un precio distinto al que podrían vender en el mercado spot”.
Según la investigadora, con la entrada en vigencia de esta regulación todas las generadoras “van a tener que ajustar su nivel de contratación y eso tiene costos”. En esa línea, agregó que el escenario se agrava más cuando se amplía el universo de clientes regulados, o que se puedan acoger a regímenes de tarifa regulada. “A clientes que ya no son hasta 2.000 KW (límite de clientes regulados), sino que hasta 10.000 KW”, dice.
El ex presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE) Jorge Rodríguez Grossi, en tanto, también criticó la iniciativa. Según dice, la obligatoriedad de entregar energía por parte de las generadoras “a precios que son desconocidos”, y que se supone serán más bajos de los que operan hoy en el mercado, es cuestionable. Esta situación, de acuerdo al juicio del ex triministro del gobierno de Ricardo Lagos, significaría incorporar parte de su negocio “bajo serias interrogantes”, las que “empeorarían” los proyectos.
“El efecto que va a tener desde el punto de vista del proceso de inversión es retardar proyectos e incluso anularlos”, dice Rodríguez Grossi. “Al final, redunda en que la oferta no se expande a la velocidad que uno quisiera y que los precios finales sean más altos que lo que se está buscando”, afirma.
Añade que existe un “diagnóstico errado” en la elaboración del proyecto de ley, al pensar al sistema de precios, al que considera “óptimo”, como responsable de la escasez de oferta. A su juicio, aquello radica en la nula participación de las comunidades en los proyectos, y principalmente en los beneficios que éstos generan.
En la CNE, en tanto, dicen que “esta indicación busca disminuir la incertidumbre frente a este tipo de situaciones excepcionales”, reduciendo los riesgos -y por lo tanto, los sobrecargos asociados a ellos- “mediante una metodología objetiva que esclarecerá la forma de proceder”.
Agregaron que la valorización de los suministros sin contratos “debe estar alineada con estimular la participación de los generadores en las licitaciones de suministro”, por lo que su aplicación no debe contribuir a desincentivar la presentación de ofertas en las licitaciones, “situación que podría surgir en caso de utilizarse el costo marginal como precio de referencia, en condiciones de altos costos marginales como las acLa baja en los valores que se cobran por la electricidad podría no llegar a buen puerto, según analistas que estudian el último proyecto de ley sobre licitaciones eléctricas, que el gobierno ingresó al Congreso en agosto.
La iniciativa, que busca modificar las licitaciones de clientes regulados (consumo residencial y pequeñas y medianas empresas) para bajar en 25% el costo de la energía, incluye una eventual “barrera de entrada” al ingreso de nuevos actores en generación, dicen analistas.
Ello, debido al cambio en la fórmula para fijar los precios a los que se accede en la licitación por parte de las generadoras. Específicamente, dicen los consultados, en relación a las licitaciones de suministro sin contrato.
En este tema, el gobierno busca evitar traspasos de costos a clientes y que ocurran hechos similares al acaecido con la central Campanario, que en 2011 no cumplió con los contratos de suministro que se adjudicó en la licitación. El problema, dicen analistas, es que el Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley, entre otras disposiciones, la posibilidad de ocultar el precio de venta de las licitaciones en las que participan las generadoras para hacer más competitivas sus ofertas de precios. Sin embargo, aquello podría transformarse en un desincentivo para participar de dichos procesos.
A juicio de Susana Jiménez, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), si el precio oculto definido por la autoridad es muy bajo, las generadoras podrían verse “obligadas” a satisfacer esos requerimientos “a cambio de un precio que puede resultar insuficiente para pagar la inversión realizada, lo que a la larga podría traducirse en un desincentivo a la entrada de nuevos actores en generación y aumento en las tarifas”.
La última licitación eléctrica hecha por el gobierno fue la de agosto pasado, donde sólo participó Endesa, y se logró bajar los precios a US$ 112 MW/h, el menor registrado en los últimos procesos de este tipo desde 2010, año en que, en promedio, anotaron US$ 97,5 MW/h.
Las críticas
“Las generadoras no van a poder contratar su capacidad total de generación, porque van a tener este resguardo”, dice Jiménez. Y es que, según agrega, se les “‘enchufarán’ estos compromisos de energía a un precio distinto al que podrían vender en el mercado spot”.
Según la investigadora, con la entrada en vigencia de esta regulación todas las generadoras “van a tener que ajustar su nivel de contratación y eso tiene costos”. En esa línea, agregó que el escenario se agrava más cuando se amplía el universo de clientes regulados, o que se puedan acoger a regímenes de tarifa regulada. “A clientes que ya no son hasta 2.000 KW (límite de clientes regulados), sino que hasta 10.000 KW”, dice.
El ex presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE) Jorge Rodríguez Grossi, en tanto, también criticó la iniciativa. Según dice, la obligatoriedad de entregar energía por parte de las generadoras “a precios que son desconocidos”, y que se supone serán más bajos de los que operan hoy en el mercado, es cuestionable. Esta situación, de acuerdo al juicio del ex triministro del gobierno de Ricardo Lagos, significaría incorporar parte de su negocio “bajo serias interrogantes”, las que “empeorarían” los proyectos.
“El efecto que va a tener desde el punto de vista del proceso de inversión es retardar proyectos e incluso anularlos”, dice Rodríguez Grossi. “Al final, redunda en que la oferta no se expande a la velocidad que uno quisiera y que los precios finales sean más altos que lo que se está buscando”, afirma.
Añade que existe un “diagnóstico errado” en la elaboración del proyecto de ley, al pensar al sistema de precios, al que considera “óptimo”, como responsable de la escasez de oferta. A su juicio, aquello radica en la nula participación de las comunidades en los proyectos, y principalmente en los beneficios que éstos generan.
En la CNE, en tanto, dicen que “esta indicación busca disminuir la incertidumbre frente a este tipo de situaciones excepcionales”, reduciendo los riesgos -y por lo tanto, los sobrecargos asociados a ellos- “mediante una metodología objetiva que esclarecerá la forma de proceder”.
Agregaron que la valorización de los suministros sin contratos “debe estar alineada con estimular la participación de los generadores en las licitaciones de suministro”, por lo que su aplicación no debe contribuir a desincentivar la presentación de ofertas en las licitaciones, “situación que podría surgir en caso de utilizarse el costo marginal como precio de referencia, en condiciones de altos costos marginales como las actuales”.
